Es mentira. Eso dijeron, sin vueltas, los jaldistas, cuando escucharon a Gerónimo Vargas Aignasse aseverar que el manzurismo no despidió de comunas a seguidores del vicegobernador. No es cierto, retrucaron los afines al gobernador cuando en la Legislatura se sostiene desde hace alrededor de 100 días que los empleados cesanteados quedaron fuera porque el nuevo bloque Lealtad Peronista no cumplimentó papeles administrativos.
Lo que sucede es que unos y otros faltan a la verdad: son cientos los punteros y dirigentes políticos que fueron dejados fuera de sus puestos tanto en las comunas como en la Legislatura. Algunos por estar cerca del gobernador, otros por buscar calor en el vice. El oficialismo tucumano se apunta con trabajo, se amenaza con desempleo y se dispara con cesantías. En ese nivel de cordura e institucionalidad se maneja la política tucumana... Ponele, dirían los pibes...
Lastiman los oídos de la República las voces de uno y otro lado quejándose por los despidos, porque desnuda que en Tucumán (¿en toda la Argentina?) la democracia es apenas un gran negocio que se mueve al ton y al son del dinero, de los cargos, de las estructuras y del andamiaje que se levanta a partir de la “política”. Sí, son cargos políticos. Lo admiten tanto los seguidores de Osvaldo Jaldo como los de Juan Manzur: son punteros lo que “pierden” y son necesarios, según ellos, para poder hacer política. Lo dijo el legislador Vargas Aignasse: aunque la gente se enoje, son cargos políticos y gracias a ellos se pudo hacer el plan de vacunación, por ejemplo. Lo ratificó la ministra de Salud, Rossana Chahla, pero con más sutileza. Intentó explicar que fue tan acelerado y masivo el programa de inoculación que necesitaron de toda la estructura del Estado. ¿Incluidos los punteros? ¿O más bien los que tienen “cargos políticos”?
La grieta en el oficialismo tucumano permite ver por esa rendija que se abrió mucho de lo que se sabe desde siempre en el “ambiente”, se sospecha en algunos sectores sociales y se denuncia marginalmente: las estructuras políticas se sostienen en el Estado, no importa si se es oficialista u opositor. Vale una aclaración: como suele suceder, en este juego de tronos también pagan justos por pecadores, como lo son las decenas de tucumanos y tucumanas que lícitamente trabajan en estamentos públicos y terminan quedando sin empleo.
Los cientos de millones de pesos para legislaturas, congresos, concejos deliberantes e instituciones públicas diversas con acceso a “gastos discrecionales” se destinan a ello. A cobijar al batallón de dirigentes que realizan el “trabajo social” o “político”. No se cuestiona que se destine dinero a los parlamentos, sino que ese dinero se destine a mantener estructuras que deberían sustentarse en los partidos. No se cuestiona la política ni el gasto en el Estado, porque son parte de la democracia y está bien que todos como ciudadanos sostengamos esta estructura que nos permite vivir en el -hasta ahora- mejor sistema que inventó la humanidad. Pero lesiona el contrato social que esos fondos se utilicen así y para esos fines.
Para quienes están en la industria de la política, es imposible encontrar falla en esa lógica de trabajo rentado. Consideran que es lo que debe ser para que puedan existir los punteros, armar sus estructuras y llegar a los cargos electivos. Otros lo justifican como que sin estos cargos políticos sería imposible hacer un cordón cuneta, mantener un comedor comunitario o llegar a los que no pueden trasladarse a un centro de vacunación, por ejemplo. La pregunta que dejan abierta es para qué está el Estado o, al menos, para qué está organizado como está. ¿Es función de la Legislatura hacer asistencia social? ¿Es función de las comunas albergar personal político? ¿La política no es una vocación de servicio que no busca una “paga”? ¿O en realidad es el mejor puesto pago al que un tucumano puede aspirar?
Por eso en la oposición también es clave el Estado: desde Germán Alfaro hasta Mariano Campero negocian de otro modo cargos porque tienen “estructura”. La de sus municipios, o sea, la de todos. La fábrica de cargos políticos no distingue ni partidos ni ideologías.
La empleomanía pública atenta contra la igualdad de posibilidades de trabajo, contra el presupuesto de todos y contra el eficaz uso de los recursos públicos que hacen nuestros gobernantes. También contra la propia política y contra los partidos, fundamentalmente.
El oficialismo, en su afán de pelea interna por el poder, está poniendo en riesgo su “secreto” mejor guardado: el propio Estado alberga su estructura. Esa es su arma secreta electoral. Con el ojo tuerto tras la pelea por el poder, jaldistas y manzuristas ven que es buena su estrategia de ventilar que despiden colaboradores de unos y de otros de distintos estamentos públicos. Con los dos ojos bien abiertos, muchos votantes confirman que aquel mito que se riega hace décadas sobre militantes pagos comienza a rodearse de un halo de triste realidad.